Hay historias que empiezan como un deseo íntimo y acaban cambiando la vida de muchas personas.
La de Paola y Andrea es una de ellas.
Como tantas parejas de mujeres, decidieron ser madres en Colombia. Lo consiguieron. Y durante un momento, todo fue lo que esperaban: la llegada de su bebé, Marcos, el inicio de una nueva vida, el vértigo y la felicidad de maternar.
Hasta que el sistema les recordó que no estaba pensado para ellas.
A una de las dos —la madre no gestante— su aseguradora de salud le negó la licencia de maternidad. En su lugar, le ofrecieron una de paternidad. Como si en esa familia solo pudiera haber una madre de verdad.
Cuando la ley no entiende a tu familia
La respuesta no era solo un trámite administrativo. Era un mensaje: tu forma de maternar no encaja aquí.
Pero Paola y Andrea no lo aceptaron. Incluso en medio del embarazo y los primeros meses de vida de su hijo, decidieron pelear. Lo que empezó como una reclamación terminó llegando hasta la Corte Constitucional de Colombia.
Y allí ocurrió algo importante.
La Corte no se limitó a resolver su caso. Lo elevó a una sentencia unificadora (SU-068 de 2026), una de las decisiones más relevantes que puede tomar el tribunal, precisamente porque reconoce que lo que está en juego no es solo una historia individual, sino un problema estructural.
El fallo es claro: negar la licencia de maternidad a la madre no gestante vulnera derechos fundamentales. No solo el suyo, sino también el del bebé.
Porque aquí hay algo clave que durante años se ha ignorado:
maternar no es solo gestar.
La Corte reconoce que ambas madres ejercen el cuidado, que ambas pueden alimentar, criar, sostener y vincularse con su hijo desde el primer momento. Y que el sistema no puede seguir funcionando bajo la idea de que solo existe un modelo de familia.
En palabras del propio tribunal, lo que debe primar es el derecho al cuidado.
Y eso lo cambia todo.
De lo individual a lo colectivo
El caso de Paola y Andrea no surge en el vacío. En 2022, la misma Corte ya había reconocido la posibilidad de licencias parentales compartidas en parejas del mismo sexo. Pero aquello se quedaba corto para realidades como esta, donde dos mujeres no solo comparten la crianza, sino también funciones tradicionalmente asociadas a la maternidad, como la lactancia.
Por eso esta sentencia va más allá.
No habla solo de permisos laborales. Habla de reconocimiento. De nombrar correctamente lo que somos.
Como explicó la abogada Dayana Blanco, implicada en el caso:
“Cuando las mujeres lesbianas deciden formar familia, ni el Estado ni el derecho pueden limitar la forma en la que ejercen el cuidado y la maternidad”.
Mientras todo esto ocurría —recursos, escritos, tiempos judiciales— Marcos crecía.
Entre noches sin dormir, consultas médicas, primeras sonrisas y todo lo que implica la llegada de un bebé. Porque la realidad de las familias no se detiene mientras el sistema decide si existes o no.
Aun así, ellas siguieron.
Porque entendían que no era solo por ellas. Que lo que estaban haciendo tenía un impacto más grande.
Lo que cambia esta sentencia
Esta decisión no es solo una victoria legal. Es un precedente.
Obliga a repensar un sistema que todavía funciona con una idea de familia que ya no es la única. Y lanza un mensaje claro:
las familias lesbianas existen, cuidan y deben ser protegidas en igualdad de condiciones.
También pone sobre la mesa algo fundamental:
las licencias no son solo una prestación económica, son una herramienta para garantizar el cuidado y el bienestar de los bebés.
Y ese cuidado no entiende de modelos tradicionales.
Nombrar, reconocer, avanzar
La historia de Paola y Andrea es la de muchas familias que se encuentran con un sistema que va por detrás de la realidad.
Pero también es la prueba de que las cosas pueden cambiar.
Que cuando una familia se planta y dice “esto no está bien”, puede abrir camino para otras.
Y que, poco a poco, el derecho empieza a parecerse más a la vida.
A la vida real.
A la de dos madres, un bebé y una certeza:
cuidar también es un derecho. Y debe ser reconocido como tal.
