Aunque en muchos países europeos ya se reconocen legalmente las familias LGBT+, no todos los Estados han adaptado su legislación para reconocer de manera automática la parentalidad de parejas del mismo sexo. En algunos lugares, los hijos de familias LGTB enfrentan una realidad legal precaria: no existen oficialmente para la ley, lo que acarrea múltiples problemas prácticos.
Una fuente clave es el informe de ILGA-Europe “6 Things You Didn’t Know About Rainbow Family Rights in Europe” (2025). Según él, diez países europeos —entre ellos Bulgaria, Chipre, República Checa, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Rumanía, Polonia y Eslovaquia— no reconocen legalmente a los hijos de padres no biológicos en parejas del mismo sexo.
Esto implica que el “otro” padre o madre debe recurrir a adopciones especiales, trámites engorrosos o apelaciones judiciales para ser reconocido/a. En muchos casos, esa persona carece de derechos básicos como firmar documentos legales, tomar decisiones médicas o figurar en certificados de nacimiento.
Un ejemplo específico es el de Bulgaria. En el caso de “Baby Sara”, nacida en España en 2019 de una pareja de mujeres, una de ellas británica y la otra búlgara, las autoridades búlgaras se negaron a emitir un certificado de nacimiento que incluyera a ambas madres. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que todos los estados miembros de la UE deben reconocer la parentalidad establecida legalmente en otro país para respetar el derecho de libre circulación.
Otro caso es el de Polonia, donde las parejas LGBT+ han sufrido rechazo judicial y administrativo al intentar que se reconozcan sus relaciones o sus hijos en registros oficiales. Esto afecta derechos tan básicos como la nacionalidad, acceso a asistencia médica, herencia o simplificación de trámites transfronterizos.
Además, el reconocimiento legal cruzado entre países de la UE todavía no cubre todos los derechos nacionales: aunque un país reconozca la parentalidad, otro puede negarse a hacerlo para efectos de herencia, manutención u otros derechos internos.
La lucha en Europa continúa. Y España, con su avanzada legislación, es la que debe tender una mano, ser un ejemplo y luchar junto a otras familias para que más y más niños puedan disfrutar de sus familias en igualdad de derechos.
